Por: Evelyn Leyva, periodista
En los últimos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que a su gobierno le “gustaría ver que el régimen en Cuba cambie”, pero aclaró que “no significa que vayamos a provocar un cambio”.
Esta afirmación, hecha bajo juramento, pretende presentar una postura de no intervención directa. Sin embargo, una mirada a las acciones concretas de Washington revela una contradicción flagrante: mientras se habla de un “cambio de régimen” pasivo, se ejecuta una guerra económica activa y despiadada contra la isla.
La política de bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba no es una mera figura retórica; es un andamiaje legal diseñado para estrangular la economía y deteriorar la calidad de vida del pueblo cubano. Según el informe actualizado presentado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en septiembre de 2025, solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025 el bloqueo causó daños estimados en 7.556 millones de dólares. Este impacto se traduce en carencias concretas.
Dos meses de bloqueo equivalen al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda eléctrica normal del país (1.600 millones de dólares). Cinco días de bloqueo financiarían la reparación de una central termoeléctrica crucial.
Dos meses de bloqueo permitirían financiar durante un año la canasta familiar normada de alimentos. Solo dieciséis días de bloqueo cubrirían el cuadro básico de medicamentos de todo el país (339 millones de dólares).
Estos datos desmienten cualquier intento de minimizar el bloqueo como un simple “embargo bilateral”. Es, en palabras de la cancillería cubana, una política “genocida” que afecta todos los sectores de la vida social y económica.
Lejos de flexibilizarse, la política de hostilidad se ha recrudecido. El 30 de enero de 2026, el gobierno cubano denunció una nueva escalada de Estados Unidos dirigida a “imponer un bloqueo total a los suministros de combustible” al país.
La medida incluye la amenaza de imponer aranceles a terceros países que vendan o suministren petróleo a Cuba, con el objetivo declarado de “asfixiar la economía cubana”. Esta acción, calificada como un “brutal acto de agresión”, busca agravar deliberadamente la crisis energética y, con ella, el sufrimiento de la población.
La guerra económica no se libra solo en el ámbito macroeconómico. También se dirige contra los cubanos que residen en Estados Unidos y mantienen vínculos con su país de origen.
En diciembre de 2025, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, denunció que Washington impulsa políticas que hostigan y discriminan a los emigrados cubanos, exponiéndolos a riesgos como expulsiones, “tratos degradantes” y restricciones para viajar o realizar actividades comerciales con la isla.
Este hostigamiento busca cortar las redes de apoyo familiar y humanitario, así como obstaculizar cualquier flujo económico alternativo que pueda aliviar el impacto del bloqueo.La declaración del secretario Rubio ante el Senado pretende construir una narrativa de no intervencionismo.
Sin embargo, la realidad de las medidas aplicadas por su gobierno cuenta una historia muy distinta. El bloqueo económico total, la guerra comercial para privar de combustible y el hostigamiento a la diáspora no son herramientas de una política pasiva; son instrumentos de coerción destinados a crear tanto malestar interno que conduzca al colapso social y político.
Como señaló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, estas acciones se adoptan “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos” y tienen como único fin el “sufrimiento de nuestro pueblo”.La contradicción es evidente: se dice no buscar un “cambio de régimen” por la fuerza, pero se ejecuta una política de fuerza económica que tiene como objetivo exactamente eso.
Para todos los que defienden el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, entender esta contradicción es esencial para desmontar el discurso hegemónico y solidarizarse con la lucha del pueblo cubano por su autodeterminación.
