Por: Evelyn Leyva, periodista
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba publicó la Resolución 41 de 2026, una actualización normativa que amplía los beneficios fiscales para la importación, instalación y uso de fuentes renovables de energía, como parte de la estrategia gubernamental para transformar la matriz energética nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles .
La norma, firmada el 12 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 30, ratifica incentivos vigentes desde 2025 e introduce nuevas facilidades dirigidas tanto a personas naturales que realizan actividades económicas como a personas jurídicas del sector estatal y no estatal .
La disposición establece la exención del pago del Impuesto Aduanero a personas naturales y jurídicas que importen sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales. El beneficio se otorga de forma general y automática, siempre que las mercancías se presenten ante la Aduana de forma separada del resto de los productos .
La medida se extiende a un amplio listado de tecnologías, que incluye calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar y sistemas de aire acondicionado solar. Por primera vez, se incorporan los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de fuentes renovables, así como equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía .
Las personas naturales que realizan actividades económicas, trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios, artistas e intelectuales, podrán acogerse a la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales por la instalación de fuentes renovables, ya sea para autoconsumo o para entrega de energía al Sistema Electroenergético Nacional. El beneficio cubre la cuantía del valor de la inversión durante el período de recuperación, por un plazo de hasta ocho años .
Para las personas jurídicas, se establece la exención del Impuesto sobre Utilidades en idénticas condiciones. Además, las empresas estatales y formas de gestión no estatal que ejecuten proyectos de generación eléctrica con fuentes limpias quedan eximidas del pago arancelario por la importación de maquinarias, equipos y otros medios necesarios durante la fase inversionista .
La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, explicó que para disfrutar de las exenciones, los interesados deberán cumplir dos condiciones fundamentales: obtener el Dictamen Energético de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), que avala el correcto funcionamiento del sistema instalado, y presentar la solicitud junto al dictamen ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) donde se encuentren inscritos .
La ONAT fijará la fecha de inicio del beneficio, el cual comenzará en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la recepción de la solicitud. Si las acciones de fiscalización de la ONURE detectan que el proyecto avalado no está siendo implementado, procederá la cancelación del beneficio fiscal otorgado .
La resolución autoriza la comercialización de las tecnologías y sistemas vinculados a las fuentes renovables en el sistema mayorista o minorista a precios no recaudatorios, lo que facilitará su acceso a la población y a los actores económicos .
En aras de evitar la dispersión legislativa, la Resolución 41 de 2026 deroga la Resolución 169 de 2025, que anteriormente regulaba estos beneficios .
Desde la emisión de la primera resolución en 2023 hasta diciembre de 2025, la ONURE recibió 168 solicitudes de licencia energética, de las cuales 95 provinieron de formas de gestión no estatal y 73 del sector estatal. De estos proyectos, 56 ya se encuentran instalados y operativos, distribuidos en provincias como Villa Clara, Camagüey y La Habana. Actualmente, 112 proyectos permanecen en proceso de evaluación, incluidas solicitudes de personas naturales que ahora podrán acogerse a los nuevos incentivos .
Ortiz Mantecón destacó que la medida, aunque implica una reducción de ingresos fiscales, responde a la prioridad del Estado de impulsar la transición hacia fuentes limpias de energía, garantizar la participación de todos los actores económicos y fortalecer la matriz energética del país.
