La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 29 de septiembre nuevas regulaciones que endurecen el bloqueo contra Cuba, con entrada en vigor a partir del 30 de septiembre de 2026. Las medidas forman parte de la política de asfixia y castigo colectivo aplicada por Washington, amparadas en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que establece acciones directas y medidas secundarias para intentar aislar a la isla del comercio internacional.
Entre las decisiones anunciadas por la OFAC se incluye la prohibición para que cualquier ciudadano bajo jurisdicción estadounidense viaje a Cuba para participar u organizar reuniones profesionales o conferencias. Asimismo, se eliminan los viajes grupales educacionales «people to people», que estaban previamente autorizados, y se establece que los viajes educativos relacionados con Cuba deberán realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción estadounidense, con casi todos los viajeros acompañados por un representante de la entidad patrocinadora.
En el ámbito financiero, la OFAC amplió la prohibición para que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense no puedan realizar transacciones financieras directas ni indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba. Además, se eliminó la autorización de las llamadas transacciones bancarias «U-Turn», que permitían a instituciones financieras estadounidenses procesar determinadas transferencias relacionadas con Cuba cuando el origen y el destino del dinero estaban fuera de Estados Unidos.
Una de las medidas más lesivas para el sector privado cubano es la prohibición para que las instituciones bancarias abran o mantengan cuentas bancarias para ciudadanos cubanos que sean empresarios independientes del sector privado. A partir del 30 de septiembre, las entidades que previamente mantuvieron este tipo de cuentas están obligadas a bloquear todos esos fondos y reportarlos a la OFAC, a menos que el organismo autorice por separado. El acceso a los fondos bloqueados requiere una licencia específica.
Estas nuevas medidas prueban el cinismo de las afirmaciones estadounidenses de que sus acciones van dirigidas contra el gobierno cubano y no contra el pueblo. Las regulaciones limitan a ciudadanos estadounidenses que quedan impedidos de viajar libremente a Cuba y atentan directamente contra los negocios privados de ciudadanos cubanos, además del efecto directo que tienen en el nivel de vida de la población. La política de asfixia se profundiza con cada nueva disposición, mientras Washington insiste en una narrativa que los hechos desmienten.
