«De ahí, precisamente, su carácter vinculante, ya que implica a varios actores institucionales. Además, con estas normas se logra dar respuesta a la dispersión jurídica que existía en cuanto a los procesos de formación y orientación», detalló en exclusiva a Granma Margarita McPherson Sayú, especialista de la escuela ramal del Ministerio de Educación (Mined)
La responsabilidad de los organismos en la formación vocacional y orientación profesional de la fuerza de trabajo calificada, dispuesta en el Decreto 364 –que se publica este jueves en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 10– presenta una nueva concepción respecto a lo que venía haciéndose en el país en función de preparar y educar con calidad a los estudiantes para su posterior inserción laboral.
En tal sentido, esta política concibe la formación de obreros calificados, técnicos medios y profesionales, pero desde una mirada integradora, o sea, desde la conexión de los factores que intervienen en cada una de las etapas del proceso, explicó Margarita McPherson Sayú, especialista de la escuela ramal del Ministerio de Educación (Mined), quien además participó en la elaboración de la nueva normativa.
«Anteriormente, esto ocurría de manera fragmentada, los organismos velaban solo por la parte que les correspondía atender en lo inmediato. Ahora, la responsabilidad es de principio a fin. Si un organismo requiere fuerza de trabajo calificada, tiene que participar en su selección, realizar acciones de formación vocacional y establecer un estrecho vínculo con las instituciones educativas para que el estudiante siga “enamorándose” de la especialidad, y atender también los procesos de inserción laboral, así como de capacitación y superación continúa.
«De ahí, precisamente, su carácter vinculante, ya que implica a varios actores institucionales. Además, con estas normas se logra dar respuesta a la dispersión jurídica que existía en cuanto a los procesos de formación y orientación», detalló en exclusiva a Granma.
Según sostuvo McPherson Sayú, la política define claramente cuáles son las responsabilidades comunes y específicas que tienen que cumplir, tanto los órganos como empresas, entidades y formas de gestión no estatal.
Respecto a este último punto, precisó, el Decreto 364 establece las acciones a desarrollar en la formación de la fuerza de trabajo calificada en el sector no estatal, hasta el nivel medio superior.
NUEVOS ESCENARIOS Y CONCEPTOS PARA ORIENTAR A LA FUERZA DE TRABAJO
Aunque la clase seguirá siendo el espacio principal para educar, formar y orientar al alumno, se amplían a 14 los escenarios que aportan a este proceder, incluso más allá de los círculos de interés y palacios de pioneros.
«Estamos hablando, por ejemplo, de los juegos de roles que se establecen como actividad vocacional desde la primera infancia, las campiñas pioneriles, las ferias agropecuarias, los talleres docentes, el movimiento de pioneros exploradores, las puertas abiertas en las universidades, el intercambio con las entidades productivas y de servicios, así como el trabajo con los monitores. Todo ello se incluye en la resolución No. 289/2019 del Mined que, a su vez, forma parte de este Decreto», precisó Dania López Gulbone, viceministra de Educación.
Por otra parte, subrayó, la resolución detalla con especificidad todo lo relacionado con la formación pedagógica y los pases directos que le pueden otorgar al estudiante el ingreso a esta especialidad.
A criterio de Alexander Manso Díaz, director nacional de la Educación Técnica y Profesional, que la normativa comience dando la indicación de que cada organismo tiene que planificar, desde su presupuesto, la inversión que va a hacer para contribuir a la formación de la fuerza de trabajo calificada –que luego se integrará a sus propias empresas–, es otro de los elementos de avance.
«Asimismo, en la disposición legal se propone un nuevo concepto: los centros de producción docente. Ahora todas las entidades laborales que tienen convenio con un instituto politécnico pueden ser sometidas a un proceso de certificación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos».
La entidad, por ejemplo, debe poseer las condiciones mínimas indispensables para que los estudiantes realicen allí las prácticas; contar con la tecnología pertinente para que ellos puedan adquirir las habilidades profesionales, según dictan los planes de estudio; que existan los medios de protección necesarios para evitar cualquier tipo de accidente; y tener especialistas calificados para contribuir a la formación de esa fuerza de trabajo, detalló Manso Díaz.
Especial énfasis le otorga la norma al funcionamiento de las aulas anexas, expresó el directivo. «Vale recordar que las aulas anexas no son un espacio físico con sillas y mesas, sino que estamos hablando del taller de soldadura, de mecánica, del organopónico, donde el estudiante puede adquirir determinada habilidad profesional una vez que en la escuela no exista la base material de estudio necesaria para ello».
El Decreto 364 establece, además, la necesidad de que los especialistas de la producción impartan docencia, ya sea en aulas anexas o en los propios politécnicos, así como la responsabilidad de los organismos en las prácticas laborales y preprofesionales, y en la inserción laboral, aseveró.
«De igual forma, la normativa aprueba el desarrollo de producciones cooperadas, lo cual permite a organismos y empresas –a partir de las potencialidades que existen en la escuela y en los talleres– tributar materia prima a estos centros educacionales para que los estudiantes elaboren producciones que les son necesarias a dichas entidades». Así se disminuyen costos de producción y los alumnos adquieren habilidades profesionales en condiciones reales, consideró Manso Díaz.
«Es por ello que en la actualización de los planes y programas de estudio no se tiene en cuenta solamente lo que indica el Mined, sino que en la comisión participan también especialistas de la producción, pues es el organismo empleador el que conoce de primera mano lo que debe haber aprehendido, por ejemplo, un técnico medio al graduarse».
FORMAR DESDE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO
En el caso del Ministerio de Educación Superior (mes), las nuevas medidas vienen a reforzar el concepto martiano del vínculo del estudio con el trabajo y aprender desde la práctica, desde el hacer.
En tal sentido, Deysi Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales de Pregrado, ratificó el concepto de formación integral al que aspiramos en cada uno de los profesionales de Cuba y al compromiso político con el desarrollo del país, lo cual queda reflejado en la resolución No. 202/2019, que se incluye en este nuevo Decreto.
«Esta política también marca la responsabilidad de todos, desde el proceso de formación y orientación vocacional hasta la innovación, la ciencia y la técnica», apuntó.
No obstante, explicó, la clase tiene que seguir constituyendo el elemento más importante para orientar profesionalmente en cualquiera de los subsistemas y, en segundo lugar, todo el trabajo extracurricular, el trabajo científico estudiantil que se pueda hacer desde la universidad, pero también con el sector productivo, empresarial y social.
Igualmente, la normativa aborda la responsabilidad y participación que van a tener esos organismos en la creación de carreras universitarias y de programas de formación, añadió.
«Hoy nosotros no aprobamos un plan de estudio, ni de una carrera ni de un programa de formación, sin antes haber dialogado con los organismos empleadores más significativos y que estos participen de manera proactiva. De hecho, uno de los oponentes del plan de estudio tiene que ser un organismo empleador, para así tener una valoración crítica respecto al graduado universitario que necesita y los conocimientos que debe dominar».
El documento incluye, además, todo lo relacionado con la responsabilidad conjunta entre la institución de Educación Superior y las entidades laborales para la práctica laboral, pues deben garantizarse ciertos elementos como la alimentación, la transportación y el alojamiento de los estudiantes.
